interanuales que permitan al Estado realizar controles mensuales sobre la evolución de su déficit público. Además, propone que se definan previamente las medidas de presión y sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento, de manera que se apliquen de forma pública y automática.
Así, el sistema que propone permitiría comparar los resultados mensuales y trimestrales de cada autonomía con los objetivos fijados previamente, aplicar las medidas preestablecidas en el momento fijado y "devolver a las regiones que se hayan desviado a la senda de consolidación fiscal acordada en seis meses".
"Incumplir dos objetivos mensuales consecutivos o un objetivo trimestral significaría una 'tarjeta amarilla', que ocasionaría una advertencia y la imposición de medidas", explica el FMI.
Si esas medidas no se aplican o se incumplen los objetivos de dos trimestres consecutivos, el FMI propone "una 'tarjeta roja' y la intervención" de la autonomía por el Gobierno central, tal y como se establece en los artículos 25.2 y 26 de la ley española y la cual el ejecutivo de Rajoy a la altura que estamos aún no la ha aplicado.